Cada 10
de junio la
República Argentina recuerda la fecha de creación, en 1829,
de la Comandancia
Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al
Cabo de Hornos por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Desde su
independencia de España, el Gobierno Argentino, en su condición de heredero de
los territorios australes y los espacios marítimos circundantes que habían
pertenecido a la Metrópoli,
ejerció sus derechos de manera permanente, procediendo, al dictado de las
normas y el establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que
consolidaran el ejercicio de su soberanía, fomentando el desarrollo de actividades
comerciales, el establecimiento de población y una oficina administrativa
local. La culminación de este proceso fue el dictado del Decreto estableciendo la Comandancia Cívica
Militar de Malvinas, en la fecha que hoy recordamos, a cuyo frente fue designado
D. Luís Vernet.
El 3 de
enero de 1833 las autoridades y los pobladores argentinos de las Islas fueron
expulsados por el Reino Unido mediante el uso de la fuerza, procediendo, a
partir de entonces, las ilegítimas autoridades británicas a ejercer un férreo
control migratorio con la finalidad de configurar una población a la medida de
sus pretensiones coloniales. La República Argentina nunca consintió tal despojo
territorial.
A pesar
del tiempo transcurrido y de las innumerables invitaciones al diálogo de la República Argentina,
el Reino Unido se niega a reanudar las negociaciones de soberanía.
Negociaciones - que en cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas -
desde 1966 y durante 17 años llevaron a que las Partes consideraran diferentes
alternativas para resolver la disputa. Londres no dudó en ese entonces negociar
la cuestión de fondo con Argentina, inclusive con dictaduras. Resulta
incomprensible e inadmisible su negativa a volver a la mesa de negociaciones
con sucesivos Gobiernos democráticos.
La Argentina no está sola en su reclamo. América Latina y el Caribe
respaldan firmemente nuestros legítimos derechos sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Como
muestra concreta de tal solidaridad, en marzo pasado los cancilleres de Uruguay
y Cuba y el vicecanciller del Perú, en representación de las Presidencias Pro
Témpore del MERCOSUR, CELAC y UNASUR, respectivamente, expresaron junto al
Canciller Héctor Timerman, el sólido respaldo regional ante el Secretario
General de la ONU,
el Presidente del Comité Especial de Descolonización y los Representantes de
los Estados que integran el mismo.
La Causa
Malvinas se proyecta más allá de la región.
En una contundente muestra de solidaridad Sur-Sur, en la reciente Cumbre
América del Sur - África celebrada en Malabo, Guinea Ecuatorial, las 54
naciones de África, quienes sufrieron el colonialismo en carne propia,
expresaron su unánime respaldo a los derechos de soberanía argentinos.
A ello se
agregan los numerosos y permanentes pronunciamientos de múltiples organismos y
foros internacionales que insisten en renovar el llamamiento a ambas partes a
reanudar las negociaciones para poner fin, de manera pacífica y justa, a la
disputa de soberanía, entre los que se destacan la Organización de las
Naciones Unidas, el Grupo de los 77 y China, las Cumbres Iberoamericanas y las
Cumbres de Países Sudamericanos y Árabes (ASPA), así como la Organización de los
Estados Americanos que se pronunció el pasado 6 de junio, una vez más, a favor
de la reanudación de las negociaciones.
La Comunidad Internacional
se ha pronunciado clara y firmemente respecto a la forma de alcanzar una
solución a la disputa de soberanía. Sin embargo, en lugar de cumplir con sus
obligaciones internacionales, el Reino Unido organizó en marzo pasado una
votación entre los pobladores que ese país implantó en las Islas Malvinas para
preguntarles sobre cuestiones que pretenden tergiversar la verdadera condición
jurídica en que se encuentran esas islas. Esa votación no encuentra sustento en
ninguna de las 40 Resoluciones de la
ONU sobre la Cuestión Malvinas, no altera la naturaleza
bilateral de la disputa de soberanía ni releva a ese país de cumplir con la
obligación que el derecho internacional le impone de resolver pacíficamente la
controversia que mantiene con la
Argentina mediante la reanudación de negociaciones. Dicha
maniobra política, no avalada por las Naciones Unidas ni reconocida por ningún
gobierno, ha sido expresamente rechazada por el MERCOSUR, UNASUR y el ALBA.
La
negativa al diálogo encubre, asimismo, una injustificada presencia militar
británica en el Atlántico Sur, así como la ilegítima apropiación de recursos
naturales renovables y no renovables. Cuestiones estas que generan una
creciente preocupación en la comunidad internacional, conforme ha sido
expresado, entre otros foros, por la Cumbre Ministerial
de los países de la Zona
de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, celebrada en enero de 2013, en
Montevideo, Uruguay.
La obstinada
intransigencia británica no sólo desoye las citadas exhortaciones de la
comunidad internacional, sino que incumple la obligación que pesa sobre todos
miembros de la ONU,
de resolver pacíficamente las disputas internacionales. La condición del Reino
Unido de Miembro Permanente del Consejo de Seguridad no sólo no lo exime de sus
obligaciones internacionales, sino que más aún, tal asiento y los privilegios
que conlleva le demanda una responsabilidad especial como garante de la paz y
seguridad internacional, responsabilidad que deserta al rehusar al diálogo con la República Argentina.
En
memoria de aquellos patriotas y pioneros que fueron expulsados de nuestra
tierra en 1833 por un invasor que reclamaba territorios a 14 mil kilómetros de
distancia, una vez más, el Gobierno de la República Argentina
reitera su derecho inalienable sobre las islas, así como su firme disposición a
reanudar a la brevedad las negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte a las que nos exhorta las Naciones Unidas para dar punto
final a esta tan inaceptable como anacrónica situación colonial.
